Ley de Inocencia Fiscal: un nuevo enfoque fiscal que incentiva la formalización

La Ley de Inocencia Fiscal (Ley N.º 27.799), recientemente sancionada en Argentina, representa un cambio profundo en la manera en que el Estado se relaciona con los contribuyentes y administra los controles tributarios. Su espíritu se basa en reforzar el principio de inocencia, partiendo de la presunción de cumplimiento salvo que exista evidencia clara de evasión fiscal relevante.

Uno de los ejes centrales de la norma es la actualización de los umbrales que determinan cuándo una evasión fiscal puede ser considerada delito penal. En este sentido, el monto mínimo para que una evasión simple tenga relevancia penal se eleva de aproximadamente $1,5 millones a $100 millones, mientras que en los casos agravados el umbral puede alcanzar los $1.000 millones. Esta adecuación busca reflejar la realidad económica actual y evitar sanciones desproporcionadas.

Asimismo, la ley incorpora un Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan determinados requisitos de ingresos y patrimonio, reduciendo la carga administrativa y facilitando el cumplimiento voluntario.

Otro aspecto relevante es la limitación de la intervención penal y administrativa a situaciones de real impacto fiscal, lo que contribuye a disminuir la litigiosidad innecesaria y a generar un mayor grado de seguridad jurídica y previsibilidad para empresas y personas.

En conjunto, la Ley de Inocencia Fiscal apunta a transformar la relación entre el contribuyente y el fisco, incentivando la formalización, simplificando procesos y enfocando los controles en casos de mayor relevancia económica.

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